Portugal entró a partir del día 1 de diciembre en el «estado de calamidad», el nivel más alto que prevé la legislación ante situaciones de catástrofe. Para frenar los contagios, Portugal reimplanta las restricciones de accesibilidad y recupera las mascarillas, los certificados y los test obligatorios en espacios cerrados (hospitales, grandes eventos deportivos y culturales). La primera semana de enero todas las empresas tendrán la obligación de teletrabajar; deberán cerrar las discotecas y los bares y los ciudadanos sufrir una semana de confinamiento, o «de contención»
La incidencia acumulada es en este momento de 263 nuevos casos por cada 100.000 habitantes a 14 días (en España es en este momento de 149,12). Además, Portugal es el país de la Unión Europea con un porcentaje más alto de población completamente vacunada, que llega al 87%.
A pesar de que no se impiden los viajes ni las reuniones, el Gobierno se plantea la posibilidad de retirar la licencia de vuelo a las compañías aéreas que incumplan gravemente las normas. La administración contratará a empresas de seguridad privada para garantizar el control de todos los pasajeros.
Les recordó que es su obligación permitir solo el embarque a las personas testadas y anunció sanciones de 20.000 euros por cada viajero desembarcado sin test.