Desde el inicio de la pandemia, el sector turístico de Argentina viene reclamando e insistiendo al Gobierno la declaración de la Emergencia Económica de la industria. Cien días después, parece que la ley de emergencia turística toma forma.
El reclamo comenzó a tomar cuerpo desde la mencionada reunión de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) con el presidente Alberto Fernández. Inmediatamente, se inició el programa de asistencia (ATP) que permite cubrir un porcentaje de los salarios de los trabajadores del sector privado en general. Luego, de manera específica para la industria, se dispuso de un programa de financiamiento titulado Pacit.
Pero la extensión de la cuarentena provocada por el incremento de contagios, hace que las medidas tomadas sean insuficientes y que la declaración de la Emergencia Turística sea necesaria. Ante este nuevo escenario, el senador Closs informó que daba de baja una propuesta enviada anteriormente para reformularla en dos proyectos: uno de contención de la emergencia empresarial; y otro para motorizar la recuperación durante el “día después”.
El primero de ellos propone crear una versión focalizada del mencionado programa ATP, pero abonando hasta el 75% de los salarios de los empleados del sector al menos hasta septiembre; reducir en un 95% las contribuciones patronales; y prorrogar todos los vencimientos impositivos del año. Y el segundo proyecto apunta al poscoronavirus, creando diferentes plantes que incentiven fuertemente el consumo turístico doméstico.
Por otro lado, la realidad es que el Poder Ejecutivo Nacional está trabajando en uno de propia confección, que implicaría “diversas facetas para la pospandemia”. Pero definitivamente, todos los que forman parte del sector, coinciden de que más allá de cuál sea el proyecto que se imponga, es clave que se defina con “urgencia”, ya que la industria lleva 100 días sin facturar.